Resumen: PRIMERO.- La Sra. Emma solicitaba en la demanda origen de las actuaciones en curso y presentada el 21 de octubre de 2020, que se le declarase afecta a una incapacidad permanente total (IPT), por la contingencia de enfermedad común, y con las consecuencias económicas inherentes a esa declaración.
Resumen: No ha lugar al recurso contencioso administrativo interpuesto contra la Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, la Orden SND 414/2020, de 16 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 2 del plan para la transición hacia una nueva normalidad y la Orden SND/458/2020, de 30 de mayo. La Sala sigue doctrina del Tribunal Constitucional que ha considerado que las limitaciones de aforo en los lugares de culto no vulneran la libertad religiosa pues ésta no fue impedida. Se establecieron medidas para evitar, en todo tipo de lugares, de culto o no, aglomeraciones que pudieran facilitar la transmisión de la enfermedad infecciosa Covid -19. Por tal razón no se acredita que los sucesivos porcentajes de aforo según la evolución de la pandemia no fueran los necesarios y proporcionados en cada momento en atención al presumible riesgo de contagios. Las medidas afectaron a todas las confesiones religiosas, fueran las consideradas mayoritarias o no, disfruten o no de un Instrumento internacional como el suscrito con la Santa Sede, por lo que no puede sostenerse fueran medidas encaminadas a la eliminación del culto católico de la sociedad española. No basta con decir que hay desviación de poder en la confrontación del hecho de los aforos permitidos en las terrazas y la no autorización de servicios religiosos al aire libre.
Resumen: PRIMERO.- Frente al auto que estima la oposición formulada por D. Luis Carlos a la ejecución despachada a instancia de Dª Angustia por defectuoso ejercicio de la patria potestad en la concreta obligación de velar por la salud del hijo menor y deja sin efecto la ejecución despachada, se alza la ejecutante que postula la revocación de la resolución recurrida y el dictado de otra en su lugar que disponga la prosecución de la ejecución en los términos solicitados en el escrito de ejecución.
